Denuncia el líder Martín Flores excesos y corrupción en el gobierno de Indira; advierte acciones de resistencia civil.

Luego de señalar que hay excesos mayúsculos en el gasto de la administración estatal encabezada por la gobernadora Indira Vizcaíno, el dirigente sindical, Martín Flores Castañeda, advirtió que en caso de que este miércoles no exista una respuesta sobre los 210 millones de pesos que este Gobierno adeuda al Ipecol, a partir del jueves las y los trabajadores estarán presentes donde se encuentre la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Fabiola Verduzco Aparicio, para exigirle que pague.

En una conferencia de prensa, Martín Flores afirmó que, ante tal incumplimiento por parte de Gobierno del estado, el Sindicato ha sido paciente esperando que el director del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del estado de Colima, Hugo Vázquez Montes, actúe desde su facultad y por los medios legales, “pero le vamos a dar una empujadita para que haga las cosas”.

Asimismo, añadió que, si Hugo Vázquez no actúa legalmente para requerir el pago a Gobierno del Estado, el Sindicato procederá como legalmente corresponde.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado aseguró que la situación de los excesos de la actual administración es grave, pues eso los lleva a no cumplir con lo que la ley obliga a un Gobierno, que es, entre otras cuestiones, otorgar seguridad social a sus trabajadores y cubrir las prestaciones que por ley les corresponden.

“Por eso, desde el día de mañana nos declaramos en pie de lucha por la defensa y recuperación del pago que el Gobierno del estado le adeuda al Ipecol y estaremos presentes donde esté la secretaria de Finanzas para exigir que pague lo que este Gobierno le debe al Ipecol, y a la gobernadora, que tramite el rescate financiero que ofreció el Presidente de la República para que se pague la herencia maldita del adeudo del Gobierno anterior”, indicó.

Flores Castañeda también pidió a la gobernadora Indira Vizcaíno y a todo su equipo, que acredite ser un Gobierno honesto y pague su deuda ante el Ipecol, pues ya van 11 meses de la administración estatal y debe todas sus aportaciones. “Si no paga quedará acreditado que es un Gobierno corrupto”, advirtió.

Además de las aportaciones que las entidades públicas deben hacer al Ipecol, de acuerdo al dirigente sindical, esta administración estatal tampoco ha reportado las retenciones que hace a las y los trabajadores correspondientes a julio, agosto y septiembre de este año.

En ese sentido, precisó que, de aportaciones, la actual administración estatal debe 170 millones de pesos, más 40 millones de las retenciones que no ha reportado.

Aclaró que solo de la presente administración se tiene ante el Ipecol una deuda de 210 millones, mientras que, de las pasadas, incluyendo la encabezada por Ignacio Peralta, son 1,320 millones de pesos, por lo que, en total, la deuda de Gobierno del estado ante el Instituto de Pensiones es de 1,530 millones de pesos.

Sobre el incremento salarial, Flores Castañeda indicó que en la mesa de negociación solo les han dado largas. 

Refirió que desde hace 8 meses el Sindicato está en lucha por un incremento salarial justo de poco más del 7%, acorde a la inflación de 2021. En ese tema, aseguró que se ha estado abierto al diálogo, a la mesa de trabajo y a la negociación, pero si no hay ya una respuesta, adelantó que se actuará mediante la resistencia civil organizada, lo cual implica la presencia de las y los trabajadores para exigir a los servidores públicos que cumplan con la ley.

Entre los excesos del Gobierno del estado, recordó el incremento de un 30 hasta un 60% a sueldos que se habían otorgado 24 funcionarios públicos de primer nivel, incluyendo la gobernadora. “Nunca antes visto en esos términos, cuando a las y los trabajadores les pretenden imponer un ofensivo 3% de incremento”.

De igual manera, calificó como un exceso la contratación de 1,300 servidores públicos de enero a julio de este año; la contratación de asesores, así como la compra de 247 patrullas a sobreprecio; publicidad y la compra, desde el inicio de esta administración, de 5 camionetas blindadas con valor de 3 millones 500 mil pesos cada una, para el traslado y resguardo de la gobernadora.

Con información de Francis Bravo, de El Comentario.