Con el voto a favor de 22 diputados de la Sexagésima Legislatura del Estado, este día el Congreso local autorizó al Estado contratar financiamientos hasta por 65 millones de pesos.

Con el voto a favor de 22 diputados de todas las fracciones parlamentarias representadas en la Sexagésima Legislatura del Estado, este miércoles (31) el Congreso local autorizó al Estado contratar financiamientos hasta por 65 millones de pesos con las instituciones bancarias del sistema financiero mexicano que ofrezcan las mejores condiciones.

El o los créditos que se celebren podrán contratarse hasta por un plazo de 6 años, contados a partir de la formalización y/o primera disposición correspondiente, sin rebasar en ningún caso del 1 de octubre de 2027. El Estado deberá celebrar los créditos autorizados en el presente decreto durante los ejercicios 2022 y/o 2023.

La iniciativa suscrita por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, destaca que “de conformidad a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, el Gobierno estatal impulsará una nueva visión para el desarrollo y el bienestar, un cambio a favor del reconocimiento y la garantía de los derechos sociales, enfatizando el apoyo a los grupos vulnerables como prioridad de la política pública en materia de salud, educación y desarrollo”.

El monto solicitado se encuentra dentro del techo de financiamiento neto del estado para el presente ejercicio fiscal, por lo que se cuenta con capacidad de pago. En la iniciativa suscrita por la gobernadora, señala que en una política responsable de endeudamiento público, el plazo para el pago del financiamiento que se solicita, es de hasta 6 años, por lo que será pagado en su totalidad antes de la conclusión de la presente administración estatal sin afectar los flujos futuros de las siguientes administraciones.

Las comisiones dictaminadoras de esta iniciativa destacan que la solicitud se encuentra plenamente justificada, toda vez que la entidad federativa tiene zonas de atención prioritaria, rurales y urbanas de muy alta a alta marginación, teniendo muy alto a alto grado de rezago social, que sin lugar a dudas requiere atención y que esta medida que se plantea, tiende a dar respuesta oportuna a erradicar dicha condición.

Los 65 millones deberá destinarse a obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social en cualquiera de los siguientes rubros de inversión: agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo.

Al ponerse a la consideración del pleno, los coordinadores parlamentarios del PRI, Héctor Magaña Lara, y del PAN, Crispín Guerra, subieron a manifestar que votarían en contra en virtud de que no se les proporcionó la información suficiente y no se especifican claramente los montos de inversión para cada municipio, ni qué obras específicamente se van a realizar, señalando que “es un dictamen de buena fe, donde debemos creerles que sí cumplirán con lo que dice el dictamen, pero que sabrá Dios para qué van a utilizar este dinero”.

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno, intervino para señalar que estaba a favor del dictamen, sin embargo proponía que se creara un comité al interior de la Legislatura, para dar seguimiento a las obras que se van a realizar, sin embargo su petición no fue tomada en consideración.

Finalmente se pasó a la votación donde el dictamen se aprobó con 22 votos a favor de los 9 legisladores de Morena y sus aliados de Panal-Colima, la diputada Myriam Gudiño; del PT, Evangelina Bustamante los 2 legisladores del Verde, Sandra Patricia Ceballos y David Grajales; los 2 diputados de Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno y Glenda Yazmín Ochoa; uno de la panista Priscila García Delgado; uno de la diputada del PES, Kate Castillo, y 5 votos de los diputados del PRI, Hilda Lizette Moreno Ceballos, Rigoberto García Negrete, Miguel Ángel Galindo Barragán, Carlos Arturo Noriega García y Rigoberto García Negrete.

Mientras que en contra solamente votaron Héctor Magaña Lara, del PRI, y Crispín Guerra Cárdenas, del PAN. A esta sesión no acudió la panista Fernanda Salazar.

Con información de El Comentario.