Deuda y déficit financiero serán investigados; no habrá impunidad: Indira Vizcaíno

“En 20 días termina el régimen que ha afectado a Colima, el cual será investigado a profundidad”, adelanta la gobernadora electa.

Tras anunciar que se calcula una deuda estatal de más de $8 mil millones de pesos, incluyendo cerca de $2 mil millones de pesos en el monto general del déficit público, la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno Silva, indicó que en 20 días termina el régimen que ha afectado a Colima, el cual será investigado a profundidad, recalcando que no habrá impunidad.

Acompañada de los integrantes de la Comisión de Transición del próximo gobierno estatal Colima 2021-2027, la Arq. Marisol Neri León; el Ing. Eduardo Jurado Escamilla, y el C.P. Víctor Torrero Enríquez, la gobernadora electa aseveró que las cuentas de banco del gobierno estatal se encuentran en ceros, debido a que presupuestalmente el gobierno saliente decidió generar la idea de ingresar un total de 800 millones de pesos y aun sin tenerlos decidieron gastarlo.

“El dinero nunca ingresó y ahora no existe forma para cubrir lo que se obligó para cumplir, vamos a llegar a diciembre de este año con un déficit de casi $2 mil millones de pesos, va a ser complicado pero estoy convencida de dos cosas: Confío y tengo la esperanza que el Gobierno de México, estará respaldando a nuestro gobierno, no para resolver los problemas y hacer un borrón y cuenta, si no para atender lo emergente del estado de Colima, pero también para que nosotros actuemos en contra de aquellos que encontremos que pudiesen a ver participado en alguna irregularidad”, señaló.

En ese sentido comentó que hasta el momento se han encontrado $8 mil millones de pesos de deuda en diferentes ámbitos, sin contar los compromisos pendientes que se tienen en Salud, en la Secretaría de Educación y en los Organismos Paraestatales; sin embargo, Vizcaíno Silva expresó que será hasta que se inicie la nueva administración cuando se pueda profundizar en la realidad de las finanzas que dejará el gobierno saliente y manifestó su compromiso de informar de forma puntual y transparente a la opinión pública, las irregularidades que puedan localizar.

Por ello, aseveró que el equipo de trabajo del Proceso de Entrega-Recepción tendrá que ir metiendo orden para generar un equilibrio y que no afecte el desarrollo y el avance del Gobierno del Estado. “Tenemos un compromiso formal, firme y serio con las y los colimenses de hacer una revisión profunda de las finanzas que guarda el estado. Esto no significa que vaya a haber impunidad o protección, haremos la revisión pertinente una vez que asumamos el gobierno se informará de todos los hallazgos que estaremos encontrando”, dijo.

Expuso que “el porcentaje de transición cumplida sobre las distintas secretarías del Gobierno del Estado es alrededor de un 50%, siguiendo el proceso de verificación de la información que se recibe en el proceso de entrega recepción, en el cual se han encontrado algunas dificultades para recibir toda la información.

De tal manera, informó la poca colaboración de las instancias estatales en este proceso de entrega-recepción, que inició el 01 de agosto y termina el 31 de octubre, incluyendo 30 días hábiles para análisis posterior. Según el reglamento, el sistema de entrega-recepción se debe abrir máximo 60 días después de su publicación, que fue en julio de este año, por lo que la fecha límite de apertura era el 18 de septiembre. Sin embargo, esta apertura se dio casi un mes después, el día de ayer y hoy martes 12 de octubre es la primera capacitación con una integrante del equipo de transición. Se han emitido a la Contraloría 19 oficios de solicitud de información, 15 con respuesta, “que no tendrían por qué solicitarse si la información fluyera en un proceso de transición según el reglamento”.

Respecto al rescate financiero del gobierno de México con los adeudos del Gobierno del Estado con los trabajadores, la gobernadora recalcó que tal y como fue la encomienda del presidente de la República, antes de la entrega de estos recursos, se vigila que el destino de estos sea el pago de la nómina de los trabajadores que se han visto afectados por la falta de solvencia de la administración saliente.

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