Giran de nuevo órdenes de aprehensión contra 31 investigadores del Conacyt por delincuencia organizada.

Un juez rechaza la petición de la Fiscalía que tenía en la mira el presupuesto de 244 millones de pesos que recibió la asociación Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.

La Fiscalía General de México ha solicitado, por segunda ocasión, la detención de 31 científicos e investigadores acusados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el órgano rector de la ciencia en el país, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Sin embargo, un juez federal ha rechazado dictar las órdenes de aprehensión tras considerar que los hechos imputados no se corresponden o se adecúan a los delitos que se pretenden atribuir a los indiciados. La Fiscalía tenía en la mira el presupuesto de 244 millones de pesos que recibió la asociación Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Entre los señalados están Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt entre 2013 y 2018, Julia Tagüeña Parga, directora del Foro entre 2018 y 2020; Gabriela Dutrénit Bielous, profesora de la UAM Xochimilco; o Luis Mier y Terán Casanueva, exrector general de la UAM.

Gabriela Dutrénit Bielous, Enrique Cabrero Mendoza, y Julia Tagüeña Parga.

La Fiscalía ha vuelto a fallar en su intento por detener a este grupo de científicos mexicanos. En una primera ocasión, en agosto pasado un juez federal del penal del Altiplano, en el Estado de México, rechazó por primera vez conceder las órdenes de detención por diversas inconsistencias, por ejemplo, que faltaba precisar la participación de los imputados en los delitos. Pese al rechazo, la Fiscalía presentó este lunes de nuevo las órdenes de detención insistiendo en que los implicados participaron en un esquema ilegal de asignación de recursos por labores que ya realizaba el Conacyt.

El investigador del Centro de Ciencias Genómicas, David Romero, calificó las solicitudes de aprehensión de la Fiscalía como un abuso judicial y un intento de intimidación hacia opiniones diferentes dentro de la comunidad científica. “Lo que vemos es que esto es un intento de acallar voces críticas a la administración del Conacyt. No hay ningún elemento válido para justificar acusaciones tan extremas”, comentó.

Romero añadió que las acusaciones de la Fiscalía suponen más un intento de represalia contra los investigadores que en el pasado han tenido conflictos con la narrativa del Gobierno federal, por ejemplo, contra la exdirectora del Foro Consultivo, Tagüeña, que hace un año se enfrentó con el Conacyt en tribunales.

Los desacuerdos entre el Conacyt y el Foro datan de finales de 2019, cuando el máximo órgano federal de la ciencia en México cuestionó el presupuesto otorgado a esta asociación civil y decidió dejar de entregarlo. El Foro, en ese entonces dirigido por Julia Tagüeña, presentó y ganó el amparo para seguir recibiendo el presupuesto federal, sin embargo, un año después el Conacyt decidió cambiar sus estatutos internos para liberarse de la obligación de dotar de recursos a este organismo.

En alusión a las investigaciones contra los investigadores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró esta mañana que en su Administración no se permitirá la impunidad. “Se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt. Pero esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo”, señaló el mandatario en su habitual conferencia de prensa.

Tras darse a conocer la cruzada de la Fiscalía contra este grupo de investigadores, académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) exigieron el cese de las amenazas para los señalados. “Estas acusaciones contra 31 miembros de la colectividad académica nacional, entre los cuales se encuentra nuestro colega y exdirector, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, son simplemente inaceptables, por lo cual demandamos el desistimiento de las autoridades de esta pretensión desproporcionada y absurda”, expresó el CIDE por escrito.

Más restricciones a programas científicos

El Gobierno de López Obrador, también ha estrechado el cerco sobre los programas que opera el Conacyt. Más de 1.200 investigadores adscritos al programa Cátedras Conacyt fueron notificados de cambios en los criterios de evaluación, modificaciones, que a juzgar por los investigadores, buscan el desmantelamiento del programa que opera desde 2014.

Los beneficiarios están en riesgo de perder el beneficio mensual que reciben por parte del Conacyt y que asciende en promedio a unos 30.000 pesos debido al endurecimiento en los criterios de evaluación. A partir de este año, el órgano federal ha establecido que para seguir recibiendo este recurso “el personal de cátedra tendrá la obligación de procurar su inserción laboral en la Institución Receptora en la que se encuentre comisionado o en cualquier otra”, según informó el organismo a los beneficiarios.

Sarai Miranda, catedrática en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y una de las afectadas por estos cambios, advirtió de que temen que esta nueva cláusula sea el preámbulo de la desaparición de una iniciativa que, paradójicamente, surgió como un intentó para crear una alternativa laboral para los jóvenes investigadores que no encontraban plazas de cátedra en las universidades y centros de investigación del país. Los investigadores que están bajo el amparo de la iniciativa, laboran en una institución académica denominada “receptora”, aunque en realidad su empleador es el Conacyt.

“La desaparición del programa impediría que las nuevas generaciones se incorporen al mercado del trabajo, hay muchísimos doctores en este país que están dando clases por asignatura y no están haciendo investigación y que no tienen plaza fija. Hay muchísimos desempleados, es un panorama bastante lamentable”, zanjó Miranda. En su caso, ella ingresó a Cátedras Conacyt hace cinco años con un proyecto de investigación sobre violencias de género en el sureste del país que sigue en curso.

Con información de El País

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