La nueva Legislatura: golpe de realidad a Palacio Nacional. Autor: José Reyes Doria

La amarga experiencia de la semana pasada en la Comisión Permanente, donde Morena no pudo imponer la convocatoria a un período extraordinario de sesiones, manda un fuerte mensaje a Palacio Nacional: las instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador no siempre se pueden cumplir en la forma que lo desea y menos en la nueva realidad política-parlamentaria. La Ley de Revocación de Mandato tendrá que esperar.

La lección es categórica: si no se tenían los votos suficientes en la Comisión Permanente, lo que procedía era dialogar, negociar con la oposición para lograr consensos y convocar al Extraordinario. Lejos de eso, lo que Morena y los operadores presidenciales buscaron fue apabullar a la oposición, darles un trato de subalternos y trasladarles el enojo presidencial para orillarlos a actuar como se deseaba en Palacio. El resultado fue la derrota estruendosa de la maniobra.

No tenía mucho sentido ni utilidad la presión de López Obrador para que la Ley de Revocación de Mandato se aprobara en la última semana de agosto, puesto que puede aprobarse en el periodo ordinario de sesiones en la primera semana de septiembre. La insistencia se interpretó como el ejercicio del principio de autoridad del Presidente sobre su partido, que se quiso trasladar a la oposición de forma impositiva. De ahí, en parte, el rechazo tajante de la oposición.

Ahora bien, la prisa presidencial pudo obedecer a que, de cara a la LXV Legislatura, ya no ven tan sólida su mayoría. Recordemos: actualmente la 4T en la Cámara de Diputados tiene 330 curules, pero bajará a 278. Tuvo una pérdida neta de 52 diputados, pero le alcanza para aprobar la Ley de Revocación de Mandato, para lo cual se requiere solo mayoría absoluta (es decir 251 de 500 diputados), misma que se obtiene si se suman las curules de Morena (198), y sus satélites PT (37) y PVEM (43).

Entonces, ¿por qué la urgencia de la semana pasada? Cabe la posibilidad de que en Palacio no estén tan seguros de la funcionalidad de la alianza con PVEM y PT y, por ello, intentaron hacer uso de la mayoría absoluta que, por sí solo, todavía tiene Morena, sin depender ni pagar favores a sus aliados. Recordemos: hoy y hasta el 31 de agosto Morena tiene 252 diputados, es decir, por sí mismo puede aprobar una Ley; pero a partir del próximo miércoles Morena solo tendrá 198 diputados y dependerá de los votos del PT y el PVEM.

El PT ya dio muestras de que intentará condicionar su apoyo a Morena en la Cámara de Diputados. Una de las derrotas de la semana pasada se debió a que un senador del PT no asistió y por eso no se juntó la mayoría calificada para convocar al período extraordinario. El partido de Alberto Anaya, que ahora será diputado y coordinador de la bancada petista, tiene un reclamo crucial: que el gobierno de López Obrador vuelva a asignar 900 millones de pesos anuales para los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) que el PT domina en el país.

Recordemos: cuando AMLO eliminó las estancias infantiles y se desató la indignación social porque era un golpe contra los derechos de las mujeres y de los niños, le reclamaron que a la vez le diera millones de pesos al PT para los CENDIS. Ante esto, López Obrador dejó de asignar esos recursos y desde entonces el PT tiene una cuenta pendiente con la 4T. Ahora, los petistas saben que sus diputados son indispensables para que Morena apruebe leyes secundarias y, sobre todo, el Presupuesto. En noviembre, cuando se apruebe el Presupuesto para el año 2022, veremos qué tanto éxito tuvo el PT en su presión sobre el gobierno de AMLO.

Como sea, esta nueva dependencia de sus aliados, es parte fundamental del golpe de realidad que debe asumir el gobierno de López Obrador de cara a la LXV Legislatura. Incluso al interior de la bancada de Morena debe tejerse más fino para asegurar lealtad y disciplina; entre otras cosas, habría que atender planteamientos y proyectos de los diputados morenistas que, en la actual Legislatura, se quejaron de que desde Palacio les “cerraron la llave” y tuvieron que pasar penurias para cumplir los compromisos adquiridos en sus terruños. Ahora, olfateando la precariedad de la mayoría de la 4T podrían condicionar su apoyo en situaciones especiales.

Si la nueva realidad aconseja un manejo político sofisticado con los de casa, el gobierno de AMLO y Morena deben asumir que ese tejido fino es aún más necesario con la oposición, si se quieren sacar a delante las reformas constitucionales, que requieren mayoría de dos terceras partes. De no ser así, la nueva realidad puede asestar otro golpe a López Obrador y serían rechazadas de forma estruendosa las reformas constitucionales que quiere en temas como la renovación tajante de los consejeros del INE, la reforma eléctrica y la militarización de la Guardia Nacional, entre otros temas.

Habrá que observar qué lectura hace López Obrador de la nueva conformación de la Cámara de Diputados y la realidad política que, además, comienza a recibir los impactos de la lucha por la sucesión presidencial. Las grandes reformas que quiere, serían más sólidas si cuentan con el mayor respaldo político posible. La dinámica de la imposición, la práctica del “mayoriteo”, a la larga sale más cara y menos funcional.

Pongamos el ejemplo de la Ley de Revocación de Mandato. Es crucial la cuestión de la pregunta que se va a formular, si se va a utilizar la palabra “revocación” como lo establece la Constitución, o se va a emplear la palabra “ratificación” que no está en la Carta Magna. La cuestión no es menor, pues si no se construye el consenso se abrirá la puerta a una controversia constitucional; y esto podría derivar en que la Corte, como ya lo hizo con la pregunta de la consulta sobre los expresidentes, formule una pregunta ininteligible y absurda que deslegitimará este instrumento de la democracia directa.

¿Más diálogo o más polarización en la segunda mitad del sexenio de AMLO? ¿Más negociación o más intentos de avasallamiento en la LXV Legislatura del Congreso? La resolución de estas cuestiones será determinante en la definición política de aquí al 2024. Si el Presidente, como parece, se inclina por acentuar el conflicto con sus adversarios, puede darle resultado en términos de posicionamiento político ante sus seguidores, pero debilitaría sus probabilidades de consolidación institucional de su obra de gobierno; además, esa polarización podría devorar a aliados y amigos como ya ocurrió con Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México.

Más polarización e imposición de la mayoría en el Congreso, podría redituarle a la 4T beneficios en términos de imagen ante la militancia, pero podría significar la generación de leyes cuestionadas, controvertidas ante la Corte y sobre todo, leyes sin la legitimidad que da el consenso. Además, la eventual práctica de avasallamiento en el Congreso podría degenerar en que Morena y Palacio satisfagan las condiciones o chantajes de actores como el PT o el PVEM que, en muchos casos, sonrojarían a los militantes más honestos de la izquierda.  

Información publicada en julio astillero.com

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