Juez dicta prisión preventiva para Laura Bozzo: debe al fisco mexicano más de 12 mdp

En las próximas horas, Laura Bozzo deberá entrar por su propia cuenta al reclusorio ante el inminente riesgo de fuga que existe.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- La conductora de televisión Laura Bozzo fue vinculada a proceso con prisión preventiva por un delito fiscal que supera los 12 millones de pesos y por no lograr acreditar cuál era su domicilio.

De acuerdo con El Universal, la presentadora peruana vendió de manera indebida un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos.

En audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez ordenar prisión preventiva para Bozzo en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

En las próximas horas, Laura Bozzo deberá entrar por su propia cuenta al reclusorio ante el inminente riesgo de fuga que existe.

El delito en el que incurrió Bozzo, conocido como depositaria infiel, puede ser castigado con penas que van de tres hasta nueves años en prisión.

La presentadora ha participado en escándalos políticos en Perú y fue denunciada por personajes públicos en México.

Bozzo, abogada de profesión, es famosa por los escándalos que se producen en sus shows con personas que se pelean frente a las cámaras y situaciones fabricadas donde ella aparece como heroína, por lo que ha sido ampliamente criticada.

La presentadora ha participado en escándalos políticos en Perú y fue denunciada por personajes públicos en México. Foto: Especial

BOZZO Y SU DEUDA CON EL SAT

En abril de 2018, el diario Reforma dio a conocer que la peruana tenía una adeuda 17 millones de pesos al SAT.

De acuerdo con la investigación, el crédito fiscal fue fincado originalmente por el SAT el 8 de abril de 2016; Bozzo omitió pagar el ISR, IVA y el IETU durante el ejercicio fiscal de 2012, año en el que trabajaba para Televisa.

La conductora intentó impugnar la sentencia pero el 8 de marzo Luis María Aguilar, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, desechó por improcedente el recurso.

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