Se resisten a entregar vía transparencia información, aún cuando señalan que deberán suprimirse datos relacionados a las personas implicadas, a excepción de que se trate de servidores públicos

El Poder Judicial ha incumplido las peticiones de transparencia para conocer las diligencias judiciales, resoluciones, audiencias o comparecencias de testigos vinculados a Emilio Lozoya en el caso Odebrecht, aún cuando éste es el ex funcionario de más alto rango en el país que haya sido acusado de recibir sobornos. 

A pesar de que desde agosto del año pasado se cuenta con una declaración de quien fuera director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en la que señala nombres, fechas, cantidades y lugares de entregas de las maletas de dinero destinado a ex Presidentes, ministros y diputados no ha procedido el caso, como tampoco se ha dado celeridad al de Altos Hornos de México (AHMSA), donde Lozoya Austin es investigado por recibir presuntos sobornos con tal de que Pemex adquiriera una planta chatarra de fertilizantes. 

Una publicación de Quinto Elemento Lab enlista las solicitudes de información que ha hecho a las instancias judiciales que llevan ambos casos, y ha evidenciado las “largas” que éstas han dado, argumentando que hay un exceso de trabajo en las oficinas, no hay empleados suficientes, sólo labora personal de guardia, y que los plazos están lentos o detenidos por la pandemia de COVID-19. 

Legalmente, la información de los procesos penales contra Lozoya por los casos de Odebrecht y AHMSA debe ser pública por tratarse de un expediente judicial donde se investigan delitos relacionados con actos de corrupción. 

De igual forma, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en la opacidad la carpeta de investigación que integró el Ministerio Público, pese a que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) le ha ordenado revelar documentación del expediente.

Aunque en febrero de 2020 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pidió que se pagara el costo para digitalizar los documentos y éste se realizara apenas un par de días después, la unidad de transparencia incumplió con los plazos legales y entregó hasta octubre la información, pero de forma incompleta y con decenas de páginas faltantes, por lo que resulta imposible conocer cómo ha avanzado el caso en los tribunales.

En las versiones públicas entregadas, el Poder Judicial ocultó toda la información sobre los nombres de empresas vinculadas a Lozoya que recibieron los pagos de Odebrecht, las direcciones de inmuebles, los nombres de funcionarios públicos, incluidos gobernadores y el del propio Lozoya, así como los datos de los contratos que dio Pemex a la constructora brasileña.

Entre la información suprimida se encuentran los nombres de los bancos que facilitaron el pago de sobornos, los números de las cuentas y sus beneficiarios, los nombres de los abogados de Lozoya, el número de la carpeta de investigación y hasta el domicilio y los teléfonos que indicó la FGR para recibir notificaciones.

Los documentos entregados incumplen los criterios establecidos por la propia Judicatura para la elaboración de versiones públicas en materia de transparencia. Sus lineamientos, encaminados a proteger la privacidad de los implicados, señalan que deberán suprimirse datos relacionados al nombre o alias de las personas implicadas, a excepción de que se trate de servidores públicos.

Los expedientes que fueron “rasurados” para ocultar información relevante contienen las solicitudes enviadas por la FGR para capturar a Lozoya, a su esposa, a su madre y a su hermana. Además de las órdenes de aprehensión, el expediente incluye los amparos presentados por el ex director de Pemex y su familia, incluidas las ampliaciones de las demandas, resoluciones de amparos y recursos de revisión contra las sentencias, entre otros.

Los documentos también contienen los permisos solicitados al juez por Gilda Austin, la madre de Lozoya, para que la dejara salir temporalmente de su residencia en noviembre de 2019, aunque están tachadas las direcciones a las que acudió, las fechas, los horarios o las razones por las que pidió abandonar su arraigo domiciliario. La señora Austin fue detenida en 2019 al norte de Alemania, en la pequeña isla de Juist, donde estaba con sus nietos, los hijos de Lozoya.

En noviembre pasado, Quinto Elemento Lab solicitó nuevamente los expedientes de los tomos 2 y 3 de la causas penales contra Lozoya, pero la unidad de transparencia del CJF respondió el 12 de enero que era imposible entregar los documentos debido a la crisis del coronavirus. “

La negativa a entregar información ha impedido conocer las diligencias judiciales realizadas desde que Lozoya fue presentado ante el juez. Tampoco se conocen las resoluciones tomadas desde que el ex director de Pemex salió del hospital en julio pasado para seguir su proceso en libertad, como las órdenes de aprehensión giradas, las pruebas periciales, las comparecencias de testigos clave o las audiencias que se han celebrado en los últimos meses.

Las peticiones para conocer los expedientes de la causa penal 211/2019, que contiene las indagatorias sobre el caso AHMSA, también han sido frenadas.

Sin haber pisado la cárcel en México, Lozoya protagoniza el caso de corrupción del ex funcionario de más alto rango en el país que haya sido acusado de recibir sobornos, pero sus audiencias no han sido públicas ni se difunden por medios digitales. 

El Poder Judicial ha decidido relatar las audiencias a los periodistas a través de un chat excusándose en las medidas restrictivas adoptadas en los juzgados ante la contingencia sanitaria por la COVID-19.

(Con información de Quinto Elemento Lab y El País)