Si es una máxima indisputable la que establece que el juez juzgue de la ley, para no aplicar la inconstitucional … decidido está que el juez que esto hace, lejos de cometer un delito, cumple con su deber”: Ignacio L. Vallarta*

En su libro, 2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que lo primero que haría al llegar al poder sería “recuperar democráticamente al Estado” y que el “rescate del Estado”, que proponía, debía “llevarse a cabo de manera pacífica, legal y democrática” porque él no respondería “a una imposición con otra imposición”, esto último en referencia al proceso de aprobación de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Peña Nieto.

La recuperación del Estado que se propuso hacer López Obrador al llegar a la Presidencia de la República incluía la reversión de las reformas educativa, fiscal, laboral y energética de Peña Nieto. La educativa, del 26 de febrero de 2013, logró revertirla desde el inicio de su gobierno con las modificaciones constitucionales, del 15 de mayo de 2019, impulsadas por él y aprobadas con los votos de todos los grupos parlamentarios, salvo el PAN. La fiscal está pendiente.

En cambio, las adecuaciones legales en materia laboral que impulsó su gobierno, publicadas el 1 de mayo de 2019, no se dirigieron a revertir la reforma constitucional en materia de justicia laboral, del 24 de febrero de 2017 -no eran la vía para hacerlo-, sino a reglamentarla con una interpretación progresista y a ajustar la legislación a compromisos jurídicos internacionales del Estado mexicano (el Convenio 98 de la OIT, el capítulo 23 del T-MEC y el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico).

La reforma energética, del 20 de diciembre de 2013, al menos en la parte relativa a la política del Sistema Eléctrico Nacional, intentó revertirla mediante una fallida e incomprensible -por absurda- ruta jurídica destinada al fracaso desde un inicio. Primero, por la vía de un acuerdo de la Secretaría de Energía; cuando este fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte en febrero de este año, lo intentó mediante una reforma legal -también con evidentes vicios de inconstitucionalidad- impulsada por él mediante una iniciativa preferente que fue aprobada por Morena y sus aliados “sin cambiarle ni una coma”, como se los instruyó el Presidente.

En el caso de la reforma energética, el presidente López Obrador no intentó revertirla por la vía de una modificación constitucional porque sabía que difícilmente lograría su aprobación en el Senado, donde Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada necesaria para hacerlo.

Acusando nuevamente una de las mayores debilidades de su gobierno -la falta de una estrategia jurídica sólida que sustente las reformas de su pretendida Cuarta Transformación-, el Presidente intentó una ruta inconstitucional -o sus colaboradores lo llevaron por ahí- para lograr un cambio en la regulación en materia de energía eléctrica. Ahora dice que buscará la aprobación de una reforma constitucional si la Suprema Corte declara inconstitucional su reforma legal. Sin duda por ahí debió empezar, como lo hizo con la reforma educativa.

Ante el fracaso de su fallida ruta jurídica -por llamarla de alguna manera- para revertir la reforma constitucional de Peña Nieto en materia de energía eléctrica, el presidente López Obrador acudió a su predecible estrategia de descalificar a las instituciones -los jueces que concedieron las suspensiones provisionales y definitivas a las modificaciones legales de su gobierno- y a quienes se oponen, por vías legales y democráticas, a sus actos de gobierno: los quejosos que promovieron los amparos para impugnar la ley y sus abogados, entre quienes quiso incluir -sin razón ni justificación alguna- al ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, quien inmediatamente negó defender a las empresas quejosas.

Los injustificados ataques del presidente López Obrador al poder judicial y al ejercicio de la abogacía -en este caso con acusaciones, tan graves como infundadas y temerarias, de traición a la patria a los abogados que “osaran” asumir la defensa de los quejosos- y las acusaciones sin sustento al jurista José Ramón Cossío, no solo evidencian la “incomprensión del Estado de derecho” por parte del Presidente, como escribió en Twitter el ministro en retiro en respuesta a las afirmaciones de López Obrador en relación con su persona, sino su falta de cultura jurídica, su desprecio por la cultura de la legalidad y el incumplimiento de su ofrecimiento de recuperar al Estado de forma legal y democrática.

Cuartoscuro

Si el presidente López Obrador pretende revertir la reforma energética de Peña Nieto -o al menos parte de ella- debe intentarlo por vías democráticas y legales, como se comprometió y como procede en todo Estado de derecho. La vía legal pasa necesariamente por el respeto a los principios de legalidad -que incluye los de no retroactividad y reserva de ley- y de seguridad jurídica y la democrática por la deliberación pública y el respeto al proceso legislativo y, en su caso constitucional, para reformar el marco jurídico en la materia.

Cada vez son más evidentes la falta de planeación y estrategia jurídicas y la ausencia de un plan de negociación política para lograr todas las reformas que se ha propuesto realizar durante su gobierno. Pero esto de ninguna manera justifica que, ante un fracaso en el proceso de cambio, el presidente López Obrador intente lograr las reformas por la vía de la imposición, ni que responda con descalificaciones a los jueces, a quienes acuden a los tribunales en defensa de sus derechos, a quienes ejercen la abogacía o a quienes disienten de su gobierno. El desprecio por la democracia deliberativa, la división de poderes, la independencia judicial, la cultura de la legalidad y el juicio de amparo debilitan al Estado de derecho.

A quienes asesoran jurídicamente al Presidente y a quienes desde el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión han acudido al expediente fácil de descalificar al juicio de amparo, convendría recordarles que, como lo expresó Ignacio L. Vallarta, en la segunda mitad del siglo XIX: “Estudiar el amparo en su naturaleza, en su objeto, en sus fines, es vindicarlo de esas infundadas imputaciones; es más que defenderlo de los ataques que ha sufrido … una institución que es la garantía positiva de los derechos que al hombre no pueden secuestrar ni las leyes ni los gobiernos”. Y al presidente López Obrador que, como lo dijo el presidente Benito Juárez -a quien él acostumbra citar con frecuencia para apoyar las acciones y decisiones de su gobierno-, no se puede “gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes”.

* Ignacio Luis Vallarta Ogazón fue un abogado liberal que participó en la Guerra de Reforma Fue diputado al Congreso Constituyente de 1856-57, secretario de Gobernación del presidente Benito Juárez y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El constitucionalista Ignacio Burgoa dijo que Ignacio L. Vallarta era considerado el “jurista mexicano por excelencia”