Casi todos quienes tenemos un vehículo nos hemos enfrentado cada cierto tiempo, a la obligación de renovar las placas de circulación y sobre todo, a pagar por obtenerlas. En varios estados de la república y en la CDMX ha causado revuelo la adopción de nuevas políticas en ese sentido. ¿De dónde surge esa imposición? ¿qué la sustenta? ¿por qué cuestan distinto dependiendo del lugar donde emplaques? De eso quiero hablarte hoy.

De una revisión que he hecho a casi todas las legislaciones locales, en ninguna existe una disposición expresa que señale la temporalidad de la vigencia de las placas de circulación. Lo único que obviamente está previsto, con toda justificación, es adquirir las mismas para contar con un registro y control vehicular cuando el automóvil sale por primera vez a la calle o cuando cambia de propietario, y obviamente, a pagarlas. Entonces, ¿por qué debemos de volver a pagar por su renovación cuando esta no proviene de una petición del dueño, sino por disposición del Gobierno? El lugar común que encontramos a esa respuesta está en que es “por nuestra seguridad” o “para combatir mejor a la delincuencia”. En la finalidad, podemos estar todos de acuerdo, en lo que discrepo particularmente, es en el medio.

Te explico. Si el gobierno dice que nos obliga a cambiar las placas de circulación por temas de seguridad pública, también debe tener en cuenta que, por disposición constitucional, dicha responsabilidad es única y exclusivamente atribuible a nadie más. No olvidemos que el fin último del pago de nuestros impuestos es el sostenimiento de los gastos públicos, entre ellos, seguridad, salud y educación. Ahora bien, a diferencia de los impuestos (que se pagan sin que se obtenga a título personal algo o algún beneficio directo del gobierno), por la obtención de placas pagamos un “derecho” (que se cubre cuando se obtiene, ahora sí, algo a cambio).

Sin embargo, qué sucede cuando es el Estado el que nos impone la obligación de pedirle que nos entregue algo por lo que previamente ya le pagamos. Allí cambia totalmente la perspectiva. Puede que nos encontremos ante un “impuesto disfrazado”, cuando la única justificación que se encuentra para ello descansa en fines de seguridad pública, en donde, el único beneficiado en primer lugar es el gobierno, por las grandes cantidades que recauda por el canje o reposición de las placas, por las que insisto, ya pagamos en una ocasión para solicitar el registro vehicular.

Pero, suponiendo que lo anterior no sea obstáculo para el cobro, encuentro un segundo conflicto: El precio. Teóricamente cuando hablamos de los “derechos tributarios”, el Estado solamente debe cobrar lo que le cuesta proporcionar el servicio, que, en este caso, podría reducirse solamente al costo unitario de cada placa; es decir, lo que lo costó al Gobierno comprarla conforme sus bases de licitación, dado que no se crean nuevas áreas administrativas, ni se contrata nuevo personal para realizar o brindar “el servicio”.

Vamos a ver algunos ejemplos de los tantos que hay en los estados del país. En el Estado de México, según su portal oficial de Internet, el costo del cambio de placas de un vehículo particular en 2022 es de $844.00. Sin embargo, en respuestas a solicitudes de acceso a la información, se encontró que, en el año 2018, el gobierno local las compró a un precio unitario de $267.00. Podría cuestionarse en este ejemplo, que estoy comparando 2022 vs 2018 (además que hay poca información pública actualizada disponible); sin embargo, nada justificaría un incremento de más del 200%, siendo que el promedio de la inflación anual entre esos años no superó el 3.5%.

Otro caso que podemos analizar es el de Querétaro, que anunció para este año su programa de reemplacamiento. El costo fijado en su Ley de Ingresos es de $1631.00 por placa para vehículo particular. Si tomamos como parámetro el precio unitario de $267.00 del párrafo anterior, sumando el promedio de la inflación anualizada (3.5%), el incremento sería de $9.34, por lo que dicho precio debería ser $276.00. Negocio redondo para el Gobierno, tiene una ganancia de casi el 600%.

Como puedes ver, cada estado fija el monto de sus “derechos por reemplacamiento” de forma casi arbitraria, sin que pueda argumentarse que su costo unitario es caro, porque se supone también que el gobierno licita para comprar al precio más barato; además, que no cualquier empresa puede dedicarse a fabricar placas, dado que requiere un permiso especial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, que garantiza que cualquier placa vehicular se hace conforme a los parámetros que establece laNorma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, y hasta donde aparece en el propio portal de transparencia de dicha dependencia, hay 32 proveedores autorizados.

Con ese contexto, y ante los reclamos sociales, el margen de maniobra que tienen los gobiernos locales para aparecer como “salvadores del pueblo” estableciendo “beneficios” para el canje de placas es igual de arbitrario que el que tienen para establecerlo. Así, que la próxima vez que te ofrezcan esos beneficios, primero pregúntale a la autoridad ¿cuánto le costó la placa? y saca tus cuentas.

Con información de Enrique Pons Franco en Latinus.